El Servicio Provincial de Consumo remitirá a la Fiscalía los presuntos fraudes en el suministro eléctrico denominadoscontratos al asalto, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para que se incoe una investigación judicial ante posibles delitos. El director de Consumo en Sevilla, Antonio Ballesteros, expresa su "preocupación" por el aumento de estos fraudes en este servicio esencial, que afectan especialmente a personas mayores.  

Los contratos al asalto se han convertido en una modalidad de fraude al alza, en la que comerciales sin escrúpulos acuden a las viviendas y se presentan como agentes oficiales de una empresa suministradora de electricidad. Estos comerciales logran hacerse con facturas de la luz de los afectados para suplantar su identidad y realizar cambios en los contratos. "El comercial utiliza los datos del consumidor, que extrae de la factura, y los introduce en una tablet, en la que realiza un cambio en el contrato del suministro eléctrico, sin el consentimiento del afectado", explica el responsable de Consumo. Se trata de actuaciones ilícitas que pueden incurrir en un delito de suplantación de la identidad.  

Los cambios en los contratos detectados se traducen en la inclusión de servicios complementarios al suministro eléctrico, como por ejemplo, la contratación de un servicio de reparación de averías eléctricas durante todo un año. Estos cambios suponen un coste que puede girar en torno a unos 15 euros mensuales, sin que el consumidor tenga conocimiento de su nueva situación.  

El afectado ni conoce que tiene derecho a utilizar ese servicio; ni es consciente de que ha sido contratado en su nombre. Ante el aumento de estos fraudes, los técnicos de Consumo tienen previsto "reunir todos los casos para remitirlos a la Fiscalía, en el plazo de unos meses, de modo que se inicie una investigación judicial", explica Antonio Ballesteros, director del Servicio Provincial de Consumo. 

El protocolo ante estos engaños se centra en que el afectado interponga una denuncia en la Policía para, después, reclamar a la compañía suministradora dolo en el contrato, de modo que proceda a su anulación. El afectado puede así recuperar la situación anterior al fraude. Ante estos engaños que suceden en la misma puerta de la vivienda del afectado, el consejo del responsable en Consumo es: "aprenda a decir no"; o "exija el DNI al comercial antes de facilitar el propio". 

Fuente: Diario Sevilla